El precio del gas tampoco quedará al margen de la guerra en Medio Oriente

Una de las previsibles consecuencias de la guerra en Medio Oriente sobre Argentina es que el precio del gas podría aumentar cerca de un 60%, con el consiguiente impacto en la economía doméstica y en los costos industriales. Definir cómo se pagará ese aumento es una incógnita a despejar en los próximos días, antes de que el Gobierno estrene un nuevo esquema para que el Estado ya no subsidie importaciones.

En las facturas domiciliarias el precio el gas representa aproximadamente un tercio del monto final, ya que el resto son impuestos y la retribución de transportistas y distribuidoras. Por lo tanto, el impacto sobre el precio final podría redondear un 20%, equivalente a unas diez veces más que el último ajuste.

Los datos surgen de un ensayo que realizó una distribuidora de gas atendiendo el pedido que le formuló a todas ellas la secretaría de Energía. La dependencia que conduce María Tettamanti está tratando de calcular cuánto gas se necesitará importar exactamente este invierno para cubrir el pico de consumo y cuánto le costará eso a todas las categorías de clientes.

Según el ejercicio matemático de una de las compañías, el millón de BTU, que desde este mes se arrima a los 3,8 dólares para los usuarios domiciliarios, podría trepar a 6,15 dólares si se considera el impacto del gas que el país tiene necesariamente que importar en el invierno.

Aunque la producción de Vaca Muerta crece vigorosamente y Argentina tiene ambiciosos proyectos de exportación en desarrollo, todavía no tiene a disposición todo lo que necesita para cubrir la demanda en los meses más fríos del año, cuando se produce un pico excepcional.

El ensayo que planteó Energía a las empresas distribuidoras toma como base un precio de gas de 25 dólares el MBTU, contra los 17 que cotiza esta semana en el mercado europeo (TTF) y muy lejos de los 13 dólares a los que se planificó el abastecimiento del año.

“Arden los excels”, graficó una fuente ligada a estas compañías, en alusión a la denodada tarea que están realizando las firmas de distribución.

Los números y porcentajes pueden diferir tanto como varíen los valores en un mundo encrespado por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, fuerte productor de hidrocarburos, al igual que sus países vecinos, también involucrados en el conflicto. Pero también depende de qué cantidad de producto finalmente integre el mix de gas local e importado en cada distribuidora.

De lo que no hay duda es que para este invierno Argentina tendrá que importar al menos una veintena de barcos de GNL (gas natural licuado), que resultará mucho más caro de lo previsto. Y que la filosofía de la gestión de Javier Milei es que sean los usuarios finales quienes afronten el “costo real” del servicio y, por lo tanto, que facturas más elevadas.

A partir del primer día de abril el servicio domiciliario ya tuvo un ajuste en base a los dos parámetros previstos para las actualizaciones periódicas: inflación y ajuste en el valor agregado de distribución que cobran transportistas y distribuidoras. Y se fijó un precio del gas propiamente dicho que será parejo para todo el año, evitando saltos abruptos entre el verano (cuando es más barato) y el invierno (cuando se encarece).

Ahora se enfrenta un nuevo desafío, generado no sólo porque el gas a importar será más caro sino porque el Gobierno está estrenando un nuevo régimen para incorporarlo a la red.

Si esta fórmula efectivamente pudiera ponerse en marcha de forma inminente, ya no será la estatal Enarsa la que compre, pague e inyecte el producto al sistema absorbiendo la diferencia de precio entre el gas local y el importado. La tarea estará a cargo de una empresa privada que deberá resolver esa brecha.

El 21 de abril se cierra la licitación convocada para elegir a esa compañía que tendrá que decidir cuánto cobra ese gas a sus clientes, sean distribuidoras, usinas o empresas. Si el nuevo esquema se consolida, sin duda esa comercializadora trasladará a sus clientes el costo real de esa importación.

Este cambio de esquema está resultando lento y a la incertidumbre que genera el conflicto bélico se le suman indefiniciones fronteras adentro.

Las industrias también están en vilo en parte porque, a diferencia de los hogares, no tienen asegurado todo el suministro y deben elegir entre pagar más caro el gas o aceptar cortes en el suministro.

Las distribuidoras empezaron a enviarle cartas a las fábricas para consultarles con precisión sus necesidades pero advirtiéndoles que el precio no será el mismo al que estuvieron pactando sus contratos de abastecimiento anual a partir de abril.

En una nota a un cliente Ecogas (la distribuidora del centro del país que lidera Central Puerto) acaba de advertir que se prevén cortes para abastecer a la industria y que, por falta de capacidad de transporte del gas neuquino en el invierno 2026, las industrias deben prever cuánto necesitarán del importado.

La misma misiva promete que “nos pondremos en contacto con ustedes a fin de informarles las condiciones particulares que se deberán incorporar a los nuevos contratos”. Sin duda: insumo más caro o corte.

El precio del gas está ligado al del petróleo, que se catapultó de poco más de 60 dólares el barril a más de US$ 100 con el inicio de la guerra. El conflicto y cierre parcial del estratégico estrecho de Ormuz pone en riesgo la seguridad de suministro del mundo y el temor a escasez hace subir los valores.

Según especulan en la industria, estos precios alborotados podrían bajar si las acciones militares cesan pero no al nivel previo al ataque, sino que quedarían estabilizados a un precio más alto al menos por un par de años.

Ese punto también obligará a la gestión de Milei definir si el precio interno de los hidrocarburos seguiría emparentado con el precio internacional, lo que en este contexto implica combustibles más caros y mayor inflación.

O si volverá a una versión del “barril criollo”, convenciendo a las productoras locales que tienen que desalinear los precios para evitar esos males internos, algo lógico en un contexto de “excepcionalidad” como el que genera una guerra.

Es cierto que el horror en Medio Oriente puede beneficiar a la Argentina y, en particular, a la industria petrolera local en el mediano plazo.

En un escenario convulsionado el país se distingue como un lugar seguro para producir y exportar, con una legislación amigable con las empresas, que hasta consigna como propósito de política pública “maximizar la renta” privada (Ley de Bases).

También es cierto que el valor de las exportaciones actuales de crudo y las futuras de gas licuado –a generar con proyectos en ciernes— reforzará ingresos corporativos y fiscales.

Pero con miras al inminente invierno, hay otros desafíos menos alentadores que la coordinación de Energía y Minería, a cargo de Daniel González, está tratando de resolver. Más allá del horror humanitario, la guerra no sólo es bonanza para el país de Vaca Muerta.

Más allá de los avatares bélicos, hay varios cambios de reglas de juego internos que impactarán en el precio final del gas por redes consumido. Entre ellas, la transición hacia un modelo con más protagonismo privado que de ahora en más será monitoreada por un súper ente regulador, cuya inminente conformación tiene aristas controvertidas.

Mientras se espera la mutación de la importación de gas subsidiada por el Estado a una concretada por una firma privada, la estatal Enarsa envió a fin de marzo notas a las distribuidoras consultándoles sobre cuánto GNL requerirán en mayo, cuando comienza a remontar la demanda por el frío.

En la misiva número P1789/2026 del 27 de marzo que recibió una de las empresas, se consigna un precio posible “en condiciones de mercado” para el gas: 23,712 dólares el MBTU (la unidad de medida para las transacciones). Está claro el salto de valores previsto.

Participar en la metamorfosis del sistema, la aplicación de cada nuevo cuadro tarifario y el control de cómo se ejecutan los contratos con licenciatarias privadas de transporte y distribución hoy es potestad del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), con competencia en todo el país, que se está fusionando con el Enre (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), con autoridad sobre el transporte y el servicio eléctrico del área metropolitana.

El Engre (Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad) podría ser un paso hacia la normalización de esos organismos, intervenidos desde hace más de veinte años, con una breve ventana entre el 2018 y 2019.

Sus directivos son designados por la secretaría de Energía desde una terna por cada cargo y deben tener el aval de una comisión parlamentaria que, en este caso, no se constituyó, reforzando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para la elección.

A esta debilidad institucional de origen se suma a la sospecha instalada en el medio de ciertas rarezas en el procedimiento de selección, como que un cuerpo que debía analizar currículums se habría expedido el mismo día que fue constituido.

También está el desafío de fusionar dos estructuras administrativas con diferencias salariales y plantillas de personal que se duplican o reducen a la mitad según el criterio del gobierno de turno. Y el de operar con independencia política o ser un resorte más del Ejecutivo para manejar nexos con las empresas reguladas, que costean el financiamiento de los entes.

Ya están dadas las condiciones para que asuman como presidente del Engre Néstor Lamboglia (actual titular del Enre que fue preferido por sobre Carlos Casares, del Enargas), el vicepresidente Vicente Serra (hombre clave para aprobar los permisos de exportación petroleros en un tramo del gobierno de CFK) y los vocales Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Sergio Falzone. Profesionales que conocen el rubro y tienen la misión de que la naciente criatura no resulte un Frankestein.