La estabilización económica, necesaria pero insuficiente

La economía argentina ha mostrado un decepcionante desempeño en materia de crecimiento en las últimas décadas, en un contexto caracterizado por una persistente inestabilidad macroeconómica. Existe un amplio consenso respecto de que la estabilización de la economía es condición necesaria para poner en marcha un sendero de crecimiento sostenido. Sin embargo, a nuestro juicio, la estabilización es condición necesaria pero no suficiente para lograr ese objetivo.

Adicionalmente, Argentina necesita no solo volver a crecer, sino también lograr que ese crecimiento sea socialmente inclusivo y sostenible desde el punto de vista del medio ambiente y la gestión de recursos.

En otras palabras, hablamos de la agenda del desarrollo en un país caracterizado no solo por problemas de baja productividad y débil ritmo de acumulación de factores (que explican el bajo crecimiento), sino también por un progresivo empeoramiento de indicadores sociales clave, así como por la poca atención que las máximas autoridades han mostrado a lo largo de sucesivas administraciones por los problemas asociados a la sustentabilidad.

En este complejo escenario, aun asumiendo (y deseando) que el actual sendero de estabilización se mantenga en el tiempo, se abren diversos temas de la mencionada agenda o cuya correcta identificación y abordaje requieren de insumos provenientes de la academia, el sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

Lamentablemente, en los últimos años, lejos de encarar y discutir estos temas con una mirada de largo plazo, en la mayor parte de las áreas clave se han sumado parches tras parches, destinados generalmente a resolver o atender problemas o emergencias de la coyuntura.

Esto ha pasado, por ejemplo, en dimensiones tan sensibles como la tributaria y la previsional. Hoy, el Gobierno parece decidido a lanzar el debate por la reforma tributaria (junto con la laboral) y también desliza la necesidad de una reforma previsional, que se encararía más adelante.

Está claro que estas tres temáticas deben ser abordadas con una mirada integral, coherente y de largo plazo, algo que ojalá suceda con esas anunciadas reformas, de modo de evitar que generen impactos negativos indeseados y/o sean revertidas a poco de andar.

En tanto, no parece existir, al menos por ahora, intención de abordar reformas similares en dos áreas centrales para el desarrollo sostenido e inclusivo: educación y salud.

Mientras que en la primera hay evidencias claras de un deterioro del desempeño de los estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo, en la segunda se advierten signos de un uso ineficiente de los no escasos recursos que tanto gobiernos como personas destinan al rubro salud.

A su vez, en ambos casos hay fuertes inequidades territoriales y por grupos de población, siendo las primeras producto en gran medida de la descentralización de responsabilidades a los gobiernos subnacionales sin la correspondiente transferencia de recursos y construcción de capacidades.

El desarrollo económico está asociado estrechamente a la transformación productiva y a la capacidad de integrarse exitosamente en la economía global. Aquí las mayores expectativas están puestas en los recursos de Vaca Muerta y la minería del litio, el oro y, fundamentalmente, el cobre, junto con los tradicionales que provienen de nuestro sector agropecuario y los que puedan aportar los servicios basados en conocimiento.

Es evidente que esos recursos son bienvenidos y deben ser explotados de forma eficiente y respetuosas con el ambiente y contar con marcos regulatorios estables. Sin embargo, si Argentina aspira a crecer de forma sostenida (con menor exposición a la volatilidad típica de los mercados de commodities) y generar empleo de calidad para su población, debe contar con una estructura productiva y exportadora más diversificada.

Mientras que durante varias administraciones esa diversificación se basó en mantener una economía cerrada y poco competitiva, otras políticas más eficientes pueden promoverla a partir de la provisión de bienes públicos y el abordaje de las fallas de mercado que obstaculizan el desarrollo de ciertas actividades. Una agenda inteligente y consistente en el tiempo de negociaciones y acuerdos internacionales es el complemento necesario de aquellas políticas.

Asimismo, diversos estudios internacionales subrayan la relación directa entre la competencia en los mercados y mejoras del bienestar. Estos informes destacan cómo un mercado competitivo beneficia no solo a los consumidores como compradores, sino también a los trabajadores y productores, al aumentar la productividad y fomentar la innovación.

De hecho, la evidencia demuestra que las prácticas colusivas incrementan significativamente los precios en sectores clave como alimentos y e insumos industriales, perjudicando tanto a las familias, especialmente a las de menores recursos, como a la competitividad de la economía. La implementación de políticas de competencia sólidas - en plural - es otra condición imprescindible para superar las barreras estructurales que limitan el crecimiento del país.

En conclusión, la agenda del desarrollo es, por definición, intensiva en políticas públicas. Esto no implica, en absoluto, promover una presencia estatal extendida o un control estatal amplio sobre la economía. Más bien se trata de reconocer que la acción del Estado puede resultar necesaria para complementar a las fuerzas del mercado, o para conseguir objetivos socialmente valiosos que estas últimas no pueden alcanzar, aunque sus formas y alcances puedan variar según el área.

Ojalá que las clases dirigentes logren alcanzar los consensos necesarios para generar e implementar una nueva agenda de políticas públicas basadas en estos principios y orientadas a los objetivos de desarrollo inclusivo y sostenible.

Andrés López y Diego Petrecolla son economistas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), UBA-CONICET. Autores de "Pensando el desarrollo económico argentino" (Eudeba, 2025).