La Justicia levanta el secreto fiscal sobre los supuestos testaferros de la mansión ligada a Chiqui Tapia y Toviggino

En medio de la insistencia de los denunciantes contra dos supuestos testaferros dueños de una gigantesca mansión en Pilar, adjudicada a los capos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, el juez federal Daniel Rafecas dispuso este viernes levantar el secreto fiscal sobre los sospechosos, entre otras medidas, para acceder a toda su información impositiva.

Así lo revelaron esta noche fuentes de la investigación y señalaron que Rafecas, quien está a cargo en forma provisoria del expediente, ordenó darle curso a las medidas probatorias solicitadas en la denuncia efectuada por la Coalición Cívica, en especial el levantamiento del secreto fiscal de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

La medida incluye también al empresario Lucas Labbad y a la empresa Real Central SRL para acceder a toda la información fiscal e impositiva que permita reconstruir el proceso de adquisición, la valuación y la constatación catastral.

Para ello, convocó a un perito tasador de la Corte Suprema de Justicia y a un perito tasador del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Este viernes, más temprano, los denunciantes habían presentado un reclamo judicial para descongelar el expediente. “Se están retirando pruebas todos los días”, manifestaron en un escrito Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, dirigentes de la Coalición Cívica que firmaron junto a Elisa Carrió la denuncia que nadie quiere tomar para investigar en Comodoro Py.

Mientras se definen las competencias judiciales, hay imágenes que se difunden en redes de camiones entrando y saliendo de la propiedad de Villa Rosa, cargando autos de lujos y containers. En el lugar, según se detalló en la denuncia, hay autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

Yofe y Del Gaiso marcaron su preocupación ante el posible “vaciamiento” de la quinta de 105 mil metros cuadrados y urgen a la Justicia a actuar ante el “riesgo cierto de que los bienes detallados sean trasladado, ocultados o disipados, frustrando así la efectiva investigación judicial”.

“Esta circunstancia imprime a la situación un carácter de urgencia extrema, habida cuenta de que la permanencia de los objetos de lujo en el domicilio en cuestión no estaría garantizada por más tiempo si no se adoptan de inmediato medidas procesales de resguardo”, alertaron los denunciantes.

En el nuevo escrito que presentaron a Rafecas, al que tuvo acceso Clarín, manifestaron que todo se complica más por la “demora prolongada respecto de la definición de la competencia y la falta de imposición de medidas preventivas para la preservación de los bienes muebles identificados en el el predio en cuestión”.

En ese sentido, reclamaron dos medidas puntuales para que no se pierda más tiempo en la investigación de su denuncia:

-1. Se ordene de manera inmediata el allanamiento de la finca ubicada en Misiones 4097, Villa Rosa, Partido de Pilar, a fin de constatar in situ la existencia y estado de los bienes suntuosos arriba enumerados, procediendo en su caso a su secuestro preventivo o registro fotográfico, para que queden debidamente documentados en la causa.

-2. De manera alternativa o complementaria, se disponga con carácter urgente una consigna policial permanente (u otra medida de seguridad equivalente) en todas las entradas y salidas del citado inmueble. Ello, con el objeto de controlar el movimiento de bienes desde o hacia la propiedad e impedir la eventual sustracción o traslado de los objetos de alto valor allí existentes mientras se sustancian las pericias e inspecciones correspondientes.

“Ambas medidas peticionadas se fundan en la necesidad de preservar la prueba y evitar que la misma sea alterada o desaparecida, máxime considerando la clara posibilidad de que los bienes en cuestión estén relacionados con la presunta maniobra de lavado de activos investigada. Entendemos que la gravedad de los hechos denunciados —una posible utilización de testaferros para la adquisición de una propiedad valuada en varios millones de dólares, dotada de instalaciones propias de un altísimo poder adquisitivo— sumada a los indicios de vaciamiento mencionado, amerita la respuesta más diligente por parte de ese Juzgado”, expresaron.

El primer sorteó de la causa recayó en Daniel Rafecas, que se excusó y lo mandó a Penal Económico. Fue al juzgado 10 de Marcelo Aguinsky, que está de licencia, subrogado por Javier López Biscayart, quien se declaró incompetente y, tal como contó Clarín, le devolvió el expediente a Rafecas.

Ahora, si mantiene su postura, la decisión final sobre qué juez estará a cargo de la causa será de la Cámara Federal de Comodoro Py. Sin embargo, la Coalición Cívica presiona para que el magistrado tome medidas ya, más allá del incordio de la competencia, para evitar que la lujosa propiedad que está en el centro de la polémica termine vaciada.

Finalmente, por la noche el juez decidió tomar de manera provisoria una batería de medidas, tal como reclamaba los denunciantes.

Además del levantamiento del secreto fiscal para las personas denunciadas como presuntos testaferros de las autoridades de AFA y tras el requerimiento del fiscal Ramiro González, Rafecas libró un oficio a la Unidad de Información Financiera (UIF) para saber si existieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Pantano, Conte, Labbad o la firma Real Central SRL.

También le pidió al PAMI y a ANSES informes para determinar si Conte, exmonotributista y jubilada, que figura como principal accionista de la compañía denunciada por lavado de activos, percibe ingresos del la seguridad social.

Asimismo, reclamó a la ANAC toda documentación pertinente para dilucidar si el helipuerto de la quinta se encuentra habilitado o es, como denunciaron en la Coalición Cívica, una pista que jamás fue autorizada por las Administración de Aviación Civil.

Más allá de todas las medidas de prueba libradas, Rafecas rechazó allanar la propiedad, tal como reclamaban los denunciantes en su último escrito presentado este viernes. "Respecto de la medida de prueba solicitadas en el día de la fecha por los denunciantes, a partir lo embrionario de la investigación, de momento no se encuentran reunidas la condiciones procesales mínimas para hacer lugar a la misma".

La denuncia de Carrió, Yofe y Del Gaiso se presentó el sábado, es decir hace casi una semana. El domingo, en la pantalla de TN, se conocieron las primeras imágenes de la imponente propiedad que figura a nombre Real Central SRL, una empresa de Luciano Pantano, un monotributista, y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada -también monotributista- que en pandemia cobró un subsidio social.

El lunes, Clarín reveló con todos los detalles la presentación ante la PROCELAC que señala que la firma Real Central SRL, creada en 2021 bajo la denominación Central Drinks SRL y cuyo capital inicial era de apenas 300 mil pesos, tuvo una inyección de dinero de 58 millones de pesos cuando Pantano metió a su madre a la compañía, cediéndole la mayoría de las acciones en junio de 2024.

Dos semanas después de ese movimiento societario, la firma habría adquirido la propiedad de la polémica en Pilar. Sin embargo, según reveló el empresario del juego Daniel Angelici, vecino que reside en la quinta que está pegada a la mansión, los trabajos en el terreno comenzaron a mediados de 2023 y siempre se supo, según le dijo a La Nación, que el lugar lo había comprado Pablo Toviggino.

De acuerdo a la denuncia que presentó la CC-ARI, Pantano tiene vinculaciones con AFA y el mundo "Chiqui" Tapia, ya que fue exprotesorero de Almirante Brown, club que hoy preside Maximiliano Levy, exbarra de La 12, en Boca Juniors, quien salió a bancar públicamente al titular del fútbol argentino y a Toviggino, tesorero de la entidad, en medio de las denuncias.

Pantano, denunciado como presunto testaferro, además fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, ambas relacionadas con AFA. Y fue también socio de Lucas Labbad, exdirectivo de Boca durante la gestión Angelici.

“En enero de 2023, Pantano asumió como presidente de la empresa Mendoza Wines SA y se asoció con Lucas Labbad en el negocio de los viñedos. Lucas Labbad es una figura reconocida dentro del ecosistema del fútbol argentino y adquirió notoriedad por su desempeño como Gerente General del Club Atlético Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici”, explica el escrito que está en poder de la PROCELAC.

Angelici reconoció su vinculación con Labbad, contador de su confianza, pero aclaro que esa firma de vinos nunca tuvo actividad alguna. “Matías Morla me ofreció la marca de los vinos Maradona, pero, cuando empezó la sucesión, vi que no era posible, y entonces quise hacer algo conjunto con Toviggino. Pero después todo quedó en la nada: esa sociedad no tiene ni una cuenta corriente”, explicó el binguero.

Así, tras casi una semana en la que la Justicia se peleó por ver quién no tomaba la causa, a diario se fueron sucediendo novedades y más informaciones: movimientos sospechosos en la propiedad, camiones entrando y saliendo, la revelación de Angelici y su vecino Toviggino, una nueva denuncia de que el helipuerto donde se vio bajar a Tapia en un helicóptero nunca estuvo habilitado por ANAC y decenas de trascendidos de vecinos.

A pesar de todo eso, no hubo siquiera una mínima consigna policial u operativo en Villa Rosa, Pilar, barrio de casas lujosas de apellidos poderosos ligados al mundo de la política y los negocios.