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En el ramillete de nuevas partidas presupuestarias que habilitó el Gobierno el viernes, varias que fueron a parar al Ministerio de Salud ameritan un foco aparte. Entre ellas, la destinada a la Agencia Nacional de Discapacidad, área que impacta de forma directa en una de las poblaciones más vulnerables del país, y cuya sigla, ANDIS, luce desde agosto como un hierro incandescente difícil de apagar.

Todo, tras la difusión de los audios de su ex director, Diego Spagnuolo, que revelaron una presunta red de sobornos, desvíos y sobreprecios de medicamentos, con la participación activa de empresarios de droguerías, operadores y altos funcionarios.

Pero, al margen de esa mega causa que se lleva puestos más involucrados a cada minuto, el decreto 849/2025 establece que la ANDIS, organismo que aglutina más del 71% del presupuesto de Salud, debe recibir ahora $ 173.032 millones adicionales. Se suman a los menos de 5 billones de pesos en los que se sustenta su funcionamiento hoy, ejecutados en un 86%, a sólo un mes de que termine 2025.

Son días en los que se oye poco a las asociaciones de familiares de pacientes. Sin embargo, las protestas guiadas por la certeza de que el sector atraviesa una postergación casi crónica, existen e intentan aflorar, principalmente por el drama que surge en los hogares cada vez que se achican las cartillas, sea por instituciones enteras como por profesionales sueltos que consideran inconvenientes los montos que reciben de la ANDIS por sus prestaciones.

Esto, más allá de que un par de semanas después de que el Gobierno advirtiera que no aplicaría la recientemente sancionada ley de Emergencia en Discapacidad, el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció una recomposición (de entre el 29% y el 35%, en tres tramos) que trajo algún alivio al sector, frente al derrumbado “nomenclador” (la lista de honorarios para los prestadores) que la agencia de discapacidad no actualizaba hacía largos meses.

Sin embargo, como se verá, los aumentos planteados en tres cuotas corren por un carril distinto respecto de los 176.000 millones otorgados ahora.

Desde ya, a falta de un presupuesto nacional desde 2023, es evidente que la ANDIS no es la única área bajo el paraguas del ministerio que maneja Mario Lugones con necesidades financieras.

Ejemplo de esto son los $ 61.097 millones que irán a parar al Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud. Concretamente, explicaron desde el Gobierno ante la consulta de Clarín, “para el financiamiento de capitas de los padrones de la Cobertura Efectiva y Universal de Salud (de mayo a octubre) y para el incremento para el Fondo Nacional de Equidad en Salud (FONES)”.

También le tocarán $ 25.000 millones a la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC; o ex DADSE); $ 9.000 millones irán a cubrir “medicamentos en el marco del convenio del Ministerio de Salud con PAMI”, precisaron desde la cartera de Lugones, y “$ 7.900 millones serán para asistencia médico social y económica para pacientes niños y adolescentes y sus familiares en el marco de la Ley de Oncopediatría”.

Según el primero de los anexos del decreto, dos áreas más sumarán presupuesto también. La primera es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). Son algo más de $ 8.600 millones destinados a un programa de atención y acompañamiento de personas con consumo problemático. En palabras del Gobierno, es dinero para “refuerzo del personal, financiamiento equipos técnicos”, y para subsidiar “espacios de atención ambulatoria, de contención, abordaje integral y a espacios terapéuticos”.

La segunda es el combo "hospitales", tanto los nacionales propiamente dichos como los SAMIC (de gestión mixta con alguna jurisdicción), que tendrán un “refuerzo para gastos en personal y gastos de funcionamiento (bienes y servicios) para prestaciones asistenciales y operatoria de los hospitales”, señalaron.

El anexo del nuevo presupuesto explicita que uno de los SAMIC más conocidos, el Hospital Garrahan, en franco tironeo con la gestión actual durante buena parte del año que se cierra este mes, recibirá su tercera partida presupuestaria, en este caso de $ 342,8 millones. En tanto, a los hospitales El Cruce de Florencio Varela y al Cuenca Alta Néstor Kirchner, les tocarán $ 1.476 millones y $ 8.000 millones, respectivamente.

Habrá partidas también para los hospitales nacionales especializados en salud mental “Laura Bonaparte” ($ 1.727 millones), el “Baldomero Sommer” ($ 3.700 millones), el Instituto Malbrán ($ 3.000 millones), el Hospital Posadas (más de $ 4.700 millones) y casi $ 5.000 millones para el “Ramón Carrillo”.

Por fin, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría recibirá supuestamente $ 8.000 millones. Llama la atención que este sea el único hospital en el que se incluye el detalle de los gastos corrientes y de capital, consignados en $ 136.562 millones de pesos. Al cierre de esta nota se aguardaban precisiones desde el Ministerio de Salud respecto de esa referencia.

A diferencia de las partidas detalladas recién, los $ 173.032 millones que irán a la ANDIS no serán destinados a encarar mejorares o gastos de funcionamiento del sector sino a cumplir la orden de la Justicia de restituir o retrotraer 86.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, sobre las 110.522 que la “motosierra” había eliminado este año.

Esa poda, vale recordar, se había hecho en base a una auditoría que supuestamente reveló irregularidades en el listado de beneficiarios de las pensiones, según explicó el Gobierno encarnado en el entonces vocero presidencial (y ahora jefe de Gabinete) Manuel Adorni, cuando dijo en septiembre que “habían sido mal otorgadas por el Gobierno anterior”.

El revés judicial para el Gobierno explica el tamaño del monto asignado, que es muchísimo mayor al único otro otorgado este año para la ANDIS. Fueron $ 444.885.000 en abril, destinados a solventar gastos operativos del organismo que gestiona las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad.

Sin contar varias modificaciones del presupuesto de distintas sociedades anónimas con participación estatal, el decreto del viernes estableció nuevos montos para áreas como educación, defensa y asistencia social y previsional.

El decreto explicita alzas para la caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal y, también, para enfrentar juicios previsionales en materia de retiros y pensiones militares. También, para el Ministerio de Capital Humano, tanto para el programa Alimentar como para la secretaría de Educación.

El último, es un punto sensible, ya que -dice el texto publicado en el Boletín Oficial- se buscó “atender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales”.

Además, se destinó presupuesto “para la adquisición de computadoras y para transferencias destinadas a becas del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), a Comedores Escolares y para la Universalización de la Jornada Extendida”.

Por fin, otros programas con alguna inyección económica desde Nación pertenecen a la secretaría de Trabajo (“Volver al Trabajo”, “Fomentar” e “Intercosecha"); a la ANSES, tanto “para el pago de prestaciones previsionales a fin de incorporar el efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional” como para asignaciones familiares de la Administración Nacional. También, a los programas “1.000 días” y de desempleo.

MG